La Redacción
La Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), bajo el liderazgo del capitán José Ramón Rivera Parga, ha generado controversia al ser señalada por emitir “amenazas veladas” contra más de diez empresas permisionarias del servicio de taxis que operan en la terminal aérea. Estas presiones, según denunciaron fuentes cercanas, tienen como propósito obligar a dichas empresas a aceptar las condiciones de servicio de venta de boletos que buscan implementar las plataformas internacionales Uber y Didi dentro del aeropuerto.
El conflicto radica en que estas plataformas digitales han sido objeto de cuestionamientos por parte de los taxistas concesionados debido a lo que consideran una competencia desleal. Las empresas tradicionales, que han operado durante décadas bajo estrictas regulaciones, sostienen que las nuevas condiciones propuestas benefician exclusivamente a las multinacionales, afectando su sostenibilidad económica y el equilibrio del mercado.
El capitán Raúl Enrique Aguilar, subdirector de Terminal y de Supervisión de Transporte Terrestre, ha intensificado sus esfuerzos para que las empresas permisionarias de transporte terrestre acepten las condiciones impuestas por las plataformas internacionales Uber y Didi.
Durante la semana pasada y el fin de semana reciente, ambos funcionarios han sostenido reuniones con los propietarios de estas compañías, incitándolos a entablar diálogos con los representantes de Uber y Didi. El objetivo principal de estas reuniones, según reportes, es persuadir a las empresas concesionadas para que se alineen con las condiciones de venta de boletos de las plataformas digitales y se abstengan de denunciar presuntas violaciones a la legislación mexicana cometidas por estas empresas.
Permisionarios del servicio de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han alzado la voz contra lo que consideran un acto de favoritismo por parte de las autoridades aeroportuarias y el Gobierno Federal hacia las plataformas internacionales Uber y Didi. Según los concesionarios, esta situación cuenta con el respaldo directo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que ha permitido a estas empresas operar bajo condiciones que violan flagrantemente el artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El artículo 8 establece las disposiciones fundamentales para la regulación del transporte terrestre en zonas de jurisdicción federal, incluyendo las licencias y permisos necesarios para operar. Sin embargo, los concesionarios aseguran que Uber y Didi han estado ofreciendo servicios dentro de la Zona Federal del AICM sin cumplir con estos requisitos legales.
