La Redacción
Cansados de lo que califican como abusos sistemáticos, trabajadores del área de limpia de la Ciudad de México alzaron la voz para denunciar presuntas extorsiones, cobros ilegales y amenazas dentro de su propia estructura laboral. En una denuncia que hicieron llegar a este medio, envían un mensaje directo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y piden su intervención urgente ante lo que describen como un “negocio” operado desde cargos administrativos.
De acuerdo con los denunciantes, que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalan directamente al secretario general Hugo Alonso Ortiz y a la delegada Guadalupe Bolaños como responsables de una serie de prácticas que, aseguran, afectan a decenas de trabajadores. Entre las acusaciones destacan descuentos indebidos en el pago de tiempo extra, exigencias de dinero para obtener una plaza laboral y cobros para evitar cambios arbitrarios de área.
“Nos piden dinero para obtener una plaza, nos piden dinero para no cambiarnos de nuestra área. Muchos compañeros sufrimos abuso por parte de nuestros jefes de bodegas; nos piden dinero por un tramo”, denuncian. Aseguran que los moches solicitados son de hasta 20 mil pesos.
Los inconformes afirman que esta situación ha convertido su fuente de empleo en un esquema de presión y amenazas constantes. Señalan también a personas identificadas como Rafa, Bruno y Fernando, entre otros jefes, como parte de una estructura que —según sostienen— condiciona la estabilidad laboral a pagos indebidos.
“Esto ya no es un trabajo, es un negocio”, expresan, al tiempo que denuncian que las amenazas de cambio de área son utilizadas como mecanismo de intimidación para forzar pagos.
En su llamado, los trabajadores solicitan que la jefa de Gobierno intervenga de manera directa para investigar los señalamientos y frenar lo que consideran una red de corrupción interna. “Queremos que la licenciada Clara Brugada nos voltee a ver y ayude en esta situación”, expresan.
También lanzan un mensaje al licenciado Rosique, a quien acusan de haberse apartado de la defensa de los trabajadores: “No te vendas por unos pesos”.
Si las autoridades capitalinas no actúan con prontitud, advierten los trabajadores, la inconformidad podría escalar. La exigencia es clara: investigar, sancionar y terminar con prácticas que, de comprobarse, vulneran no solo los derechos laborales, sino también la confianza en el gobierno de la ciudad.