La administración de Delfina Gómez Álvarez ha dejado huella en el combate a la corrupción, uno de los ejes centrales de su política pública en el Estado de México. A lo largo de su gestión, se llevaron a cabo más de 21 mil acciones de control y evaluación tanto en los ingresos como en el gasto público. Estos esfuerzos, encabezados por la Subsecretaría de la Contraloría, bajo la dirección de Luis David Fernández Araya, conocido como el «contralor de hierro», derivaron en más de tres mil sanciones, un claro indicio del compromiso gubernamental con la transparencia y la rendición de cuentas.
La magnitud de estas acciones refleja un enfoque sistémico y detallado en la fiscalización de los recursos estatales. Fernández Araya ha sido una figura clave en esta cruzada, ganándose su apodo por su mano firme y su disposición a tomar medidas enérgicas contra prácticas corruptas. Bajo su liderazgo, la Contraloría ha implementado auditorías exhaustivas, revisiones periódicas y mecanismos de control interno en diferentes niveles del gobierno. Estas acciones no solo buscan sancionar actos ilícitos, sino también prevenir futuros desvíos de recursos.
El impacto de estas medidas es significativo, pues no solo se trata de las sanciones impuestas, sino de los cambios estructurales que el gobierno ha promovido para consolidar una administración pública más eficiente y honesta. Entre los sectores más vigilados se encuentran aquellos con mayores riesgos de corrupción, como la contratación pública, la distribución de recursos sociales y las finanzas estatales.
Uno de los principales retos que ha enfrentado la administración de Gómez Álvarez es cambiar la percepción ciudadana sobre la impunidad y la corrupción. A pesar de los avances en la aplicación de sanciones, una parte de la población sigue siendo escéptica ante los resultados. Para contrarrestar esta desconfianza, el gobierno ha puesto en marcha campañas de comunicación y transparencia que buscan informar a la ciudadanía sobre las acciones emprendidas y los resultados obtenidos.
La participación ciudadana también ha sido un componente crucial en este esfuerzo. La administración ha incentivado la denuncia ciudadana y ha creado plataformas para que los mexiquenses reporten irregularidades en el uso de recursos públicos. Esta interacción directa con la población refuerza la confianza en las instituciones y fomenta un ambiente de corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción.
El legado de la administración de Delfina Gómez Álvarez, en términos de transparencia y combate a la corrupción, depende en gran medida de la continuidad de estas políticas. Si bien los logros alcanzados hasta ahora son notables, el desafío a largo plazo radica en asegurar que las estructuras de control sigan funcionando con independencia y rigor más allá de su gobierno.
El «contralor de hierro», Fernández Araya, ha demostrado ser un baluarte en esta tarea, y su gestión puede servir como modelo para otras entidades que buscan erradicar prácticas corruptas. Sin embargo, la sostenibilidad de estos avances dependerá de la institucionalización de las medidas adoptadas, así como del compromiso constante de los servidores públicos y la vigilancia ciudadana.
En resumen, la política anticorrupción del gobierno de Delfina Gómez Álvarez ha mostrado resultados significativos, no solo en términos de sanciones, sino en la creación de un marco de control más robusto. Queda por ver si este legado se mantendrá a largo plazo, pero hasta ahora, el camino recorrido ha marcado una pauta importante en la transformación de la administración pública en el Estado de México.